La corrupción administrativa desde el ejercicio del poder ha sido la responsable del atraso y la miseria que sufre un alto porcentaje de la población dominicana, por la falta de oportunidades.
Para nadie es un secreto que, en diversas provincias y municipios de nuestro país, existen familias enteras que por varias generaciones no han podido salir de la pobreza, por causa del flagelo de la corrupción que les ha impedido educarse y romper las barreras de la miseria en que han vivido sumidas.
Los libros que hemos leído, desde la fundación de la República en 1844, hasta las referencias que hacía Joaquín Balaguer de que “la corrupción se paraba en la puerta de su despacho”, entre otras acusaciones que se han hecho a los distintos gobiernos que hemos tenido en el país, han dado cuenta de que hemos vivido bajo el manto del saqueo al Estado dominicano sin que se haya castigado ejemplarmente a los corruptos de cuello blanco.
Ponerle un freno a la situación que nos ha representado tantos años de pobreza y desigualdad social, cuando por primera vez se quiere a través de un Ministerio independiente enfrentar la corrupción, no es solo pretender que sigamos en el mismo derrotero, sino cometer un crimen de lesa humanidad a las futuras generaciones de hombres y mujeres de esta nación que deberán de vivir en un mundo mejor.
Las acciones que ha emprendido el Ministerio Publico en contra de exfuncionarios del pasado gobierno y de vinculados a las altas instancias del poder de esa gestión, deben ser aplaudidas por la población dominicana y los partidos políticos que se identifiquen contra los actos de corrupción que se cometieron en perjuicio del Estado dominicano.
Muy bien haría el Partido de la Liberación Dominicana si se inscribiera entre los sectores que demandan justicia contra los corruptos que han desfalcado al Estado dominicano y no estar jugando a la politiquería y a la obstrucción de la justicia, en los casos que han sido llevados a partir de ahora a los tribunales del país.
El Ministerio Publico está en el deber y la obligación de investigar y someter a la justicia los casos de corrupción que entienda reúnen méritos para ser ventilados en los tribunales de la República y eso fue lo que hizo en el caso del ex ministro de Salud Pública Freddy Hidalgo, el Director del Fonper, Fernando Rosa y los hermanos del ex presidente Danilo Medina, Alexisis y Carmen Magalys Medina Sánchez, quienes, habían sonado previamente en programas de televisión como beneficiarios de contratas en diferentes instituciones gubernamentales.
Las autoridades ante las insistentes denuncias contra los apresados y los altos funcionarios vinculados, por haberles concedido amplias facilidades en sus respectivas gestiones, incluyendo pagos en tiempos especiales, no tuvieron otra motivación que tomar las medidas de lugar y comenzar el proceso de lucha de combate contra la corrupción con los casos que consideraron más evidentes y seguros de condenar en los tribunales de la nación.
Como forma de preservar su buena imagen y la poca credibilidad que le quedó después de las pasadas elecciones, el PLD debería de ser más cuidadoso a la hora de pretender acorralar a un gobierno y a un presidente que como Luis Abinader, lo primero que hicieron fue nombrar un Ministerio Publico Independiente para que hiciera su trabajo sin ataduras contra la corrupción, de manera que cualquier cosa que haga contraria al sentir popular, podría revertírsele y terminar por perder más por lo menos en este momento de sed de justicia que tiene el pueblo dominicano por los actos de corrupción que se han cometido desde el Estado.
Las autoridades deben tomarle la palabra al pueblo que ha visto con buenos ojos el inicio de la lucha contra la corrupción y continuar sin demora los demás procesos pendientes en los tribunales del país, porque de esa manera los ciudadanos tendremos finalmente la esperanza de que por primera vez se le pondrá un alto a ese flagelo que tanto daño le ha hecho a la sociedad dominicana desde sus orígenes.
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