Los funcionarios públicos que obtemperan posiciones por un tiempo determinado tienen un historial largo en hacer artificios o esquemas de fraude[0] creando deudas ilegales declarando Políticas Públicas mal llamadas Leyes (o mejor conocidas como Estatutos[1] emitidas por un cuerpo político[Partido Político] externo a las posesiones de particulares en este caso del pueblo), usando el esquema de fraude[0] de modificar las definiciones de términos legales (Comentario).
La costumbre del Poder Ejecutivo era someter un Presupuesto Complementario debido al aumento o la caída de los ingresos y aprovechaba para introducir transferencias y gastos ya ejecutados en violación del Art. 236 de la Constitución que reza: “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley[2] y ordenada por funcionarios competentes”. Más específico es el Art. 48 de la Ley Orgánica del Presupuesto que establece que cualquier modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado deberá ser mediante la introducción de un proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo.
La modificación de la Ley[Estatuto] 61-18 (Presupuesto General del Estado 2019) se origina en una caída en los ingresos por un monto aproximado de RD$12 mil millones y un aumento en el gasto (ya ejecutado) de RD$10 mil millones para un incremento del déficit en RD$22 mil millones.
La pieza introduce un aumento de las apropiaciones a varios ministerios e instituciones por un monto cercano a los RD$28 mil millones que se compensa con una reducción de las apropiaciones por ese mismo monto, por cierto transferencias que ya fueron ejecutadas.
También el Gobierno asume US$495 millones que fueron contratadas por las EDE para pagos a contratistas y proveedores, violando estas el Art.21 de la Ley de Crédito Público, también el Gobierno asume deudas a generadores por un monto de RD$33 mil millones (aproximadamente US$625 millones) y autoriza a las EDE a contratar préstamos de largo plazo por US$611 millones para cubrir deudas con generadores durante 2018. El agujero eléctrico asciende a US$1,731 millones, lo cual eleva la deuda pública en 2.0 % del PIB. Aparte de lo anterior buscan a lo mejor crear la justificación de fondos indirectos poder financiar las campañas de sus candidatos para no ser atrapados de manera directa violando las leyes que suponen un control del mismo gasto, usando como excusa el supuesto déficit que ellos mismos han creado.
El propio proyecto reconoce en el Art. 7 que se aprueben transacciones realizadas por la Tesorería y en el Art. 17 se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, “a realizar los ajustes que sean necesarios para el cierre del ejercicio presupuestario de 2019”. En lenguaje llano se le está pidiendo al Congreso que autorize violar la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto.
En conclusión, por vez primera se abre un debate importante que por lo menos servirá a las próximas administraciones a ejecutar el Presupuesto de acuerdo a lo que establecen la Constitución y las leyes. Por eso es importante un Congreso equilibrado.
[0] El término “esquema o artificio para defraudar” incluye un esquema o artificio para privar a otro de sus derechos intangibles del servicio honesto.
[1] Un estatuto es la voluntad por escrito de la legislatura dictada por un cuerpo u organización político, que se utiliza en contra del derecho común de los individuos de ese pueblo.
[2] La primera verdadera definición técnicamente legal de La Ley fue publicada por el francés Federac Bastiat en junio de 1850 en su magnánime obra -Le Loi- (La Ley en español) y fue definida de la manera siguiente: La ley, es la organización colectiva del derecho individual a la defensa legal.
