Si, Si es una amnistía
La implementación de la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial no es una amnistía fiscal. Y no lo es, ya que no evita las fiscalizaciones por la administración tributaria, además no impide que una persona, aun habiéndose acogido a las facilidades de la presente, sea sometida por la violación de otras leyes (lavado de activos, función pública en las que se encuentran todos los politicos corruptos que quieren lavar su dinero ya que de acogerse a la ley de lavado de activos estarian dejando huellas de su corrupciión y por eso necesitan lavar ese dinero a traves de ésta ley, otras).
Las últimas leyes de amnistías que permitían declarar y revalorizar patrimonio se promulgaron en los años 2001 y 2012.
Muchos sectores de la vida nacional habían pedido al Congreso la aprobación del anteproyecto de ley, sobre todo aquellos que promueven la seguridad jurídica y quienes temen que la drasticidad de la Ley de Lavados afecte a quienes han incurrido en incumplimiento tributario por falta de conocimiento, para que solo sean objeto de sanción, aquellos que lo hacen de manera deliberada.
Antecedentes
Lo primero que hay que conocer es qué creó la necesidad de una ley de Transparencia.
Lo creó la aprobación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, debido a que las autoridades tenían la necesidad de incorporar los elementos de transparencia tributaria que permiten obtener información actualizada de todos los contribuyentes.
La Ley 46-20 permite presentar el patrimonio que no ha sido declarado, así como también revalorizar (o rectificar) el que ha sido presentado de manera incorrecta.
De esta Ley quedan excluidos los bienes o activos que hayan sido adquiridos producto de actividades ilícitas, como también los provenientes de países clasificados como Alto Riesgo o no Cooperantes.
La ley ya se había discutido durante más de un año y medio en el Congreso, siendo esta consensuada con distintos sectores de la economía nacional que esperaban su promulgación.
Quién se beneficia
Beneficia a todos los contribuyentes personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas que deseen regularizar sus deudas tributarias, transparentar o revalorizar bienes o derechos.
Los expertos afirman, además, que permitiría a aquellos pequeños comerciantes que puedan formalizar su actividad comercial y evitar sanciones por los diferentes sujetos obligados cuando adquieran bienes y servicios (dealers, bancos, inmobiliarias, entre otras) y en adición, se prevé una bancarización de recursos que hoy en día se encuentran en la informalidad o en el exterior, lo que contribuiría a la estabilidad económica y del tipo de cambio.
