EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, fijó para el próximo 27 de noviembre el conocimiento del recurso de objeción de la Alianza Ciudadana que busca revocar los archivos definitivos dispuestos por el exprocurador Jean Alain Rodríguez a favor de siete imputados en el caso Odebrecht.
La magistrada Pérez Santana tendrá que decidir si revoca los archivos que favorecen a Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, César Domingo Sánchez Torres, Máximo Leonidas D’Óleo Ramírez y Ruddy González.
La abogada Evelyn Torres, coordinadora jurídica de la Alianza Ciudadana, dijo que en la audiencia aportará al tribunal serias denuncias sobre irregularidades y falsedades que afectan los archivos de Rodríguez.
Adelantó que su acción está fundamentada en los derechos de ciudadanía y la proscripción de la corrupción administrativa consagrados por los artículos 22 y 146 de la Constitución, y el artículo 85 del Código Procesal Penal.
Asimismo, argumentó que la calidad de víctima en este caso se sustenta en el hecho de que las infracciones tipificadas afectan el patrimonio público, y en la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0362/19, que otorga calidad a la ciudadanía para intervenir en los delitos cometidos por funcionarios púbicos en el ejercicio de su mandato.
La Alianza Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en la transparencia, la defensa de los derechos colectivos y difusos y el combate a la corrupción administrativa.
Alianza Ciudadana solicitó al procurador adjunto, Wilson Camacho, la entrega de las actuaciones procesales de las pasadas autoridades para sustentar su decisión de cerrar el caso Odebrecht a favor de los siete implicados.
Dijo tener información que arrojan graves dudas sobre la fecha de los archivos, supuestamente firmados en septiembre del 2019, cuando en realidad se afirma que se produjeron en los días previos al cambio de mando del 16 de agosto de este año.
La entidad accionante dijo estar lista para demostrar la irregularidad de los archivos definitivos y adelantó que su objeción ciudadana en un caso Odebrecht constituirá un procedente judicial.
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