Santo Domingo.-Aunque el Gobierno se ha encargado de refutarlo, Estados Unidos a través de su Departamento de Estado ha producido el informe más duro contra la República Dominicana y justamente lo hace en víspera de las elecciones municipales y próximo al proceso de mayo, que debe concluir con la elección de las nuevas autoridades de la nación.
Aprovechando el Informe 2019 sobre Práctica de Derechos Humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice que el Gobierno dominicano no respeta la independencia judicial y la imparcialidad.
“El gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada. La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial es un problema grave”, cita el informe.
Afirma que los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad, que oficiales de la Policía Nacional participaron en violación y abuso policial contra trabajadoras sexuales y afirma que las fuerzas de seguridad, principalmente policial, abusaron física y mentalmente de sospechosos detenidos para obtener confesiones.
Además que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en territorio dominicano, aunque no precisa el número.
También denuncia que “los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación fueron ocasionalmente acosados o atacados físicamente. Algunos medios informaron que periodistas, específicamente en áreas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción oficial.”
Asimismo que el gobierno usó escuchas telefónicas no autorizadas, monitoreó correos electrónicos privados y otros métodos subrepticios para interferir con las vidas privadas de individuos y familias.
Y por supuesto no podía quedarse el caso de los sobornos de Odebrecht, donde afirma Sobre la corrupción gubernamental, que “la ley establece sanciones penales por corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad”.
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