La pregunta es válida. Hay muchas evidencias de que el borrón y cuenta nueva está siendo impulsado por todas las facciones, oficialistas y opositoras, empeñadas en la permanencia de la actual JCE y esta institucionalidad, política y moralmente pervertidas.
La partidocracia, CONEP, Cámara de Comercio Americana, Cámara Minera, Gobierno, prensa-tv-radio del sistema, comunicadores e intelectuales a su servicio, rectores de universidades (incluida la UASD)… auspiciaron la intervención de USAID-OEA-EE UU para tratar de repetir unos comicios viciados con la continuidad de una JCE más intervenida.
Pretenden reducir el nefasto golpe electoral electrónico a una “falla de control de calidad técnica” (negligencia de funcionarios subalternos), sacrificando algunos operadores del sistema (chivos expiatorios) y protegiendo JCE y autores intelectuales. Por eso el Gobierno ha terminado aceptando que la OEA (Ministerio de Colonia) y EE UU investiguen el caso.
La verdad es que la “negligencia de los expertos” fue “apota”, ordenada desde arriba y protegida por la mayoría de la JCE. Un recurso que perseguía anular solo el voto automatizado, algo que convenía al PLD para ocultar su desplome en municipios de alta población, proyectar un cuadro menos desfavorable en municipios “chiquitos” (regidos por el voto manual) y ganar tiempo.
El desenlace previsto de ese plan fracasó porque Castaños vaciló frente a las presiones de EE UU y las amenazas de la opción actualmente preferida por Pompeo, Trump y Opus Dei: PRM-Abinader.
Entonces, llena de miedo y vacilaciones, la JCE encabezada por ese señor, concluyó “suspendiendo” inconstitucionalmente todo el proceso de votaciones; provocando así una crisis político-institucional, que posteriormente ha sido aprovechada por la partidocracia tradicional para intentar manipular y mediatizar la indignación juvenil-popular con la ayuda imperial.
EE UU y las cúpulas sociales y políticas favorecen y tratan de imponer opciones que no alteren el podrido orden constitucional y contribuyan a la profundización de la recolonización del país y sus órganos estatales, incluidos sus mecanismos electorales.
Ahora, para salvar la JCE y el gobierno, el bloque pro-PLD, el bloque pro FP-Leonel, el bloque pro-PRM y el presidente Medina y sus socios, coinciden en delegar en agentes de la colonización (OEA-INFES-EU) el destino de la investigación del golpe electrónico, lo que revela que la misma no develará a los mayores culpables ni propiciará sanciones.
Por esa vía no habrá, pues, consecuencias judiciales para los jefes de esa operación delictiva. De ahí la importancia de que juventud y pueblo no cedan en exigir destitución de la JCE.
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