Durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, el entonces candidato Donald Trump rehusó comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones.
Igualmente, en 2020, sus continuos ataques contra la fiabilidad y legitimidad del voto por correo han allanado el terreno para cuestionar una derrota por fraude electoral. También ha rehusado prometer acatar los resultados de 2020.
Esto ha generado preocupación que unas elecciones impugnadas podrían socavar la fe en la democracia estadounidense.
No obstante, EE.UU. tiene una larga historia de elecciones impugnadas. Salvo una excepción, estas no han perjudicado mucho el sistema político estadounidense.
Eso sí, la elección impugnada de 1860 -que desató la Guerra Civil- ocurrió en un contexto singular. Como científico político que estudia elecciones, creo que, si el presidente Trump -o, menos probablemente, Joe Biden- impugna los resultados, la democracia estadounidense sobrevivirá.
Legitimidad y transiciones pacíficas
La mayoría de las elecciones impugnadas no han presentado amenazas a la legitimidad del gobierno.
La legitimidad, o el reconocimiento colectivo que el gobierno tienen el derecho de gobernar, es esencial para una democracia.
En un sistema legítimo, las políticas impopulares suelen aceptarse porque los ciudadanos piensan que el gobierno tiene el derecho de implementarlas. Por ejemplo, un ciudadano podrá odiar los impuestos, sin embargo, reconoce que son legales. Los sistemas ilegítimos, que no están apoyados por la ciudadanía, pueden desplomarse o caer por una revolución.
En las democracias, las elecciones generan legitimidad porque los ciudadanos contribuyen a la selección de los líderes.
En el pasado, las elecciones impugnadas no han perjudicado tanto la estructura de las democracias porque las reglas para sortear esas disputas existen y se han seguido. Aunque los políticos y los ciudadanos por igual han dado alaridos por la injusticia de la derrota, han aceptado haber perdido.
Elecciones impugnadas y la continuidad
En 1800, Thomas Jefferson y Aaron Burr recibieron el mismo número de votos del Colegio Electoral. Debido a que ningún candidato ganó una clara mayoría del voto electoral, la Cámara de Representantes se adhirió a la Constitución y convocó una sesión especial para resolver el empate por votación. Tuvieron que realizar 36 encuestas para otorgarle a Jefferson la victoria, que fue ampliamente aceptada.
En 1824, Andrew Jackson ganó la votación popular contra John Quincy Adams y otros dos candidatos, pero no obtuvo la mayoría necesaria del Colegio Electoral. Una vez más, la Cámara Baja aplicando un procedimiento en la Constitución, seleccionó a Adams como ganador sobre Jackson.
La elección de 1876 entre Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden fue impugnada porque varios de los estados del Sur no pudieron certificar claramente un ganador. Esto se resolvió a través de negociaciones interpartidistas conducidas por una comisión electoral establecida por el Congreso. Mientras Hayes llegó a la presidencia, se le hicieron concesiones a los estados del Sur que efectivamente pusieron fin al período de Reconstrucción.
La contienda entre el demócrata John F. Kennedy y el republicano Richard Nixon en 1960 estuvo plagada de denuncias de fraude, y los simpatizantes de Nixon presionaron agresivamente para que muchos estados hicieran recuentos. Al final, Nixon aceptó la decisión a regañadientes en lugar de arrastrar el país a un malestar civil durante las intensas tensiones de la Guerra Fría entre EE.UU. y la Unión Soviética.
Por último, en 2000, el candidato republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore se vieron envueltos en una disputada votación en Florida. La Corte Suprema puso fin a un recuento y Gore concedió la derrota públicamente, reconociendo la legitimidad de la victoria de Bush diciendo, “Mientras estoy firmemente en desacuerdo con la decisión de la Corte, la acepto”.
En cada caso, la parte perdedora estuvo descontenta con el resultado de la elección. Pero en cada caso, el perdedor aceptó el resultado derivado legalmente, y el sistema político democrático de Estados Unidos persistió.
El colapso del sistema
La elección de 1860 fue una historia diferente.
Después de que Abraham Lincoln derrotara a otros tres candidatos, los estados del Sur simplemente rehusaron reconocer los resultados. Consideraron ilegítima la elección de un presidente que no protegiera la esclavitud e ignoraron los resultados de la elección.
Solo fue a través de la profundamente sangrienta Guerra Civil que Estados Unidos se mantuvo intacto. La disputa por la legitimidad de esta elección, basada en las diferencias fundamentales entre el Sur y el Norte, costó 600.000 vidas estadounidenses.
¿Cuál es la diferencia entre el colapso político de 1860 y la continuidad de las otras elecciones imputadas? En todos los casos, los ciudadanos estuvieron políticamente divididos y las elecciones fueron muy cerradas.
Lo que hace que 1860 sobresalga tan claramente es que el país estaba dividido en torno al interrogante ético de la esclavitud y esta división fue a lo largo de líneas geográficas que permitieron formar la revolución. Además, la Confederación estaba considerablemente unificada a lo largo de las clases.
Aunque Estados Unidos ciertamente está dividido, la distribución de pensamiento político está mucho más dispersa y es mucho más compleja que la cohesión ideológica de la Confederación.
Estado de derecho
De manera que la historia sugiere que, aun si Trump o Biden impugnaran la elección, el resultado no sería catastrófico.
La Constitución es clara sobre lo que sucedería: primero, el presidente simplemente no puede declarar una elección inválida. Segundo, las irregularidades durante la votación podrían ser investigadas por los estados, que son los responsables de supervisar la integridad de sus procesos electorales. Esto parece improbable que cambiaría cualquier resultado reportado, ya que el fraude electoral es extraordinariamente raro.
El paso siguiente podría ser una apelación a la Corte Suprema o unas demandas contra los estados. Para anular la selección inicial de un estado, la evidencia de conducta dolosa o fraude electoral tendría que establecerse contundentemente.
Si estos intentos de impugnación de la elección fracasan, el día de la investidura, el presidente electo asumiría legalmente el poder. Cualquier impugnación pendiente sería irrelevante después de eso, ya que el presidente tendría la completa autoridad legal para ejercer los poderes de su cargo, y no podría ser depuesto salvo a través de un juicio político o “impeachment”.
Aunque el resultado de la elección de 2020 seguramente dejará a muchos ciudadanos molestos, creo que el Estado de derecho perdurará. Las poderosas fuerzas históricas, sociales y geográficas que produjeron el colapso total de 1860 simplemente no están presentes.
*Alexander Cohen es profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad de Clarkson, Nueva York, EE.UU.
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