No hay fecha que no se cumpla. El 24 de febrero, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzará a aplicar la regla de “carga pública”, luego de una batalla en cortes que fue dirimida por la Corte Suprema a favor –por ahora– del Gobierno del presidente Donald Trump.

En agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redefinió el concepto que ya se integra en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), a fin de rechazar las peticiones de Residencia Permanente, extensión de visas, así como determinar la inadmisibilidad de un extranjero que pueda ser considerado como “una carga” para las finanzas del Gobierno, debido al uso de apoyos sociales, como Medicaid, cupones para alimentos y ayuda de vivienda.

El DHS divide los apoyos en dos: en especie, como servicio médico, y monetarios, que sería el caso de tarjetas para comprar alimentos o pagar la renta de una vivienda. Aquellos inmigrantes que hayan utilizado cualquiera de esas ayudas durante 12 meses en un periodo de tres años podrías ser catalogados como “una carga” y, por tanto, se les negarían los beneficios migratorios.

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