Con el voto unánime de sus cinco jueces, el Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró ayer incompetente para conocer del recurso de amparo incoado por el Frente Amplio (FA) contra el presidente de la República Danilo Medina, y la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y declinó el expediente al Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La alta corte tomó la decisión mediante la sentencia número TC-331-2020, indicando que la instancia del FA no tiene su origen en un asunto contencioso-electoral ni en un diferendo entre partidos políticos, sino que es un asunto administrativo que “única y exclusivamente lo que persigue es la suspensión de la adquisición de electrodomésticos, enseres del hogar, materiales de construcción y de alimentos”, por parte del Plan Social de la Presidencia.
En ese tenor, acogió las conclusiones incidentales planteadas por los abogados del presidente Medina, y en consecuencia, declaró su incompetencia para conocer de la referida instancia sometida por el FA el 7 de este mes “en virtud de lo previsto en el artículo 75 de la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales…”.
Indicó que según consta en las conclusiones del accionante FA, lo que esta organización política persigue “constituye una cuestión estrictamente administrativa cuyo control jurisdiccional compete al Tribunal Superior Administrativo, según ha sido decidido por esta jurisdicción a partir de su sentencia TSE 013- 2019”.
En razón del citado artículo 75, declinó el conocimiento y decisión del expediente y ordenó a la secretaría general de la institución remitirlo por ante el TSA y notificar el fallo a las partes en litis.
Gobierno reacciona. Los representantes legales del presidente Medina en el caso, encabezados por Eduardo Jorge Prats, calificaron como “acertada” la decisión porque acoge un precedente del Tribunal Constitucional (TC) validado por el propio TSE, sobre la base de que todos los actos administrativos tienen que ser cuestionados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, en el TSA.
“Con Dios, la Virgen y el Espíritu Santo nosotros entendemos que vamos a tener una decisión a favor también en el TSA, porque este es un amparo carente de toda base, un amparo de cuatro páginas que ni siquiera explican cuáles son los derechos que se le han vulnerado al Frente Amplio”, dijo el abogado constitucionalista.
En la defensa del mandatario acompañaron a Jorge Prats, Julio Cury, Rubén Puntier y Luis Sousa Duvergé. A la coaccionada Iris Guaba la representaron Cury y Enmanuel Acosta.
FA no confía en TSA. Juan Dionisio Rodríguez, quien junto a Manuel Soto Lara, Juan Martínez, Manuel María Mercedes y otros, representaron a la organización política, dijo que analizarán el fallo del TSE para decidir si desisten de su recurso o van al TSA, en el cual no confían.
No obstante, indicó que eso no quiere decir que se van a quedar callados y no van a seguir ejerciendo su derecho “para que la democracia en el país prevalezca, el derecho a la igualdad se imponga, y las elecciones, como dice la Constitución, se realicen de manera transparente, equitativa y en igualdad”.
Gobierno viola
El Frente Amplio argumentó que con el llamado a licitación para comprar electrodomésticos y otros enseres para el hogar, así como alimentos y distribuirlos previo a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 17 de mayo, el Gobierno, a través del plan social de la presidencia está violando el derecho a la participación igualitaria de todos los ciudadanos en los procesos electorales. Afirmó que tomando en cuenta los artículos 72 de la Constitución; 2 del reglamento que rige el TSE, y 114 de la Ley 137-11, el órgano electoral es competente para conocer el caso y velar por derechos.

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